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Venezuela: Entre el estado de excepción oficialista y la amenaza de golpe de estado oposicionista. Dossier

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Venezuela: Entre el estado de excepción oficialista y la amenaza de golpe de estado oposicionista. Dossier

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Estado de Excepción: De relato heroico a farsa grotesca

Carlos Carcione

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío”… Carlos Marx, 18 Brumario de Luis Bonaparte.

La amenazante sanción del decreto de excepción constituye quizás, el develamiento de una enorme parodia. Apoyado en un discurso barnizado de un léxico “socialista”, que busca hacer ver continuidad con el gobierno de Chávez allí donde solo hay ruptura con él, el presidente Nicolás Maduro acaba de dar otro paso en el camino de la liquidación del proceso bolivariano tal como lo conocimos en estas dos décadas.

La democracia participativa y protagónica, las formas novedosas de propiedad, la garantía irrestricta a los derechos humanos, los derechos sociales y políticos que allí se establecen, hicieron de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela una hoja de ruta progresiva de la que nunca se alejó el presidente Chávez.

Esa Constitución expresó un proyecto, perfectible es cierto, pero emancipador. Se trataba del sueño de completar la independencia política, de alcanzar la soberanía económica y de construir la justicia social. Una revolución política en un marco democrático. Hoy ese proyecto está agonizando.

Con el Decreto 2323, la tentación autoritaria que durante meses vino mostrando la cúpula del gobierno se encuentra frente al delgado límite de una medida extraordinaria que, de imponerse en todo su alcance, deroga, de hecho, las garantías y derechos constitucionales y suprime la república como forma de gobierno. Por medio del decreto el gobierno ha declarado a viva voz su voluntad de transformar un régimen político democrático, en uno bonapartista clásico: totalitario, reaccionario y represivo.

La compleja situación política, económica y social por la que atraviesa el país ha entrado, de la mano de ese decreto, en un tiempo de turbulencias agudas que pueden desembocar en hechos impredecibles. Estamos presenciando la profundización de un conflicto por el poder entre las dos cúpulas políticas, tanto la del PSUV como la de la MUD, que hace tiempo están alejadas de las necesidades de los ciudadanos. Se trata de la disputa por el control de la distribución de la renta. En esa disputa el pueblo es un simple y sufrido espectador que paga las consecuencias.

Y como el objetivo es inconfesable, el decreto, en sus considerandos, abunda en generalidades. Denuncia todo tipo de supuestos ataques hacia el ejecutivo. No solo la oposición y la Asamblea, son acusadas abiertamente convirtiendo las intenciones de sus dirigentes en pruebas, sino que sugiere que todo aquel que dentro de las propias “filas” disienta, cuestione, critique o haga propuestas alternativas tendría el “vil” objetivo de tumbar al gobierno. Por otra parte los artículos del decreto al no especificar cuáles derechos y garantías podrían ser suspendidos, diseñan, para la solución de los problemas que el mismo señala, un estado de carácter policial, enmascarado de “poder popular” con la función de “vigilancia” que le asigna a los CLAP y los Consejos Comunales.

Al mismo tiempo se sigue sin atacar las causas fundamentales de la crisis económica. El anterior decreto de emergencia económica fue un fracaso. Algunos pocos datos ilustrarán lo que decimos: La inflación anualizada que para el año 2015 estuvo alrededor del 200%, medida anualmente al mes de marzo de 2016 ya alcanzaba el 514%, sin tener en cuenta el alza en los precios de Abril que según el indicador “Petare” de Hinterenlaces supero los últimos 15 días de ese mes 24% de incremento en los precios. Cuando el desabastecimiento en alimentos y medicinas en diciembre del año anterior llegaba al 60% aproximadamente, en el mes de marzo de este año ese desabastecimiento llega al 75% en alimentos y 80% medicinas.

Hay todavía un dato que explica la actual situación: la reducción en las importaciones serán mayores; según el ministro Pérez Abad lo que se destinaria a importaciones de productos indispensables este año apenas alcanzaría $MM 15.000.- lo que significa una reducción de alrededor del 70 % en relación al año 2013. Mientras que entre el año pasado y lo que va de este, los pagos en Deuda Externa, según se lamenta el presidente Maduro alcanzaron la cifra de $MM 30.000.-

Por encima de todas las maniobras empresarias que condenamos, la base del desabastecimiento y la carestía internos está en esta política: Todos los dólares que ingresan al país es para pagar deuda, y si algo sobra para alimentos y medicinas. Es la economía “productiva” que sin sonrojarse anuncia Pérez Abad, contra la que el pueblo en las colas ya ha empezado a rebelarse diariamente. Lo más grave es que con el decreto, el gobierno pretende forzar a la Fuerza Armada que rompa su tradición y raigambre bolivariana y defienda una política miserable contra el pueblo.

Pero lo que concentra el cinismo del documento se hace evidente en lo referente al Arco Minero y el tema de conservación del ambiente. Mientras que en uno de los numerales de los artículos se cuestiona la tala indiscriminada de bosques, en otros se ratifica la línea de profundizar el extractivismo depredador del Motor Minero que no solo destruye bosques y vida sino que convertiría en piedra y polvo seco 22% del territorio nacional. La inconsistencia de la argumentación es tal que queda a la vista cuando compara un fenómeno natural, previsible, como el del Niño, con las consecuencias depredadoras que provoca la minería para el suministro de agua y electricidad.

Por otra parte la acusación de Golpe de Estado permanente contra el ejecutivo que según el MG Cliver Alcalá Cordones no tiene fundamento, busca justificar el decreto y abre paso de cumplirse a una represión indiscriminada. En todo caso, lo que sí está dicho allí, es que el gobierno considera, sin mencionarlo, que la única acción hoy visible, para que el pueblo evalué su gestión y decida sobre su continuidad como es el Referendo Revocatorio, es un instrumento subversivo y lo iguala a las guarimbas. Rechaza de esta manera uno de los instrumentos democráticos más avanzados que tiene nuestra constitución. Rompe con el legado de Chávez en su obra instrumental más completa.

Al asimilar la puesta en marcha del Revocatorio con la destitución de Dilma Rousseff y la salida del PT del gobierno, la cúpula del PSUV desnuda toda la falacia de su discurso. Si lo que hubo en Brasil fue un “golpe” parlamentario forzando hasta la ilegalidad una cláusula constitucional, el Referendo Revocatorio no es una “opción” como se pretende desde el gobierno, es un derecho ciudadano que el Estado a través del CNE tiene el deber de facilitar, así lo ordena y muy explícitamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Pretendiendo anular ese derecho, la cúpula del gobierno y el PSUV actúa de la misma manera que los parlamentarios brasileños que forzaron la salida de Dilma. Y todavía peor, porque en nuestro caso, con el Revocatorio es el poder constituyente, el soberano, el pueblo venezolano el que evalúa y decide. No se le está conculcando un derecho a la cúpula de la MUD. Se le está negando un derecho al pueblo venezolano que es quien al final evalúa y decide con su voto si el presidente continúa o es revocado.

El viejo Marx, analizando el golpe de estado que derrocando a la Republica llevó a la asunción del sobrino de Napoleón como emperador, escribía al inicio de su trabajo El 18 Brumario de Luis Bonaparte la frase con la que encabezamos este texto. La pertinencia de esa imagen para relacionarla con la situación actual en Venezuela, está dada por el hilo rojo que recorre el decreto presentado por la nomenclatura gobernante: convierte el relato heroico y esperanzador con el que Chávez expresó la voluntad de independencia, soberanía y justicia de todo un pueblo, en su opuesto, una farsa grotesca para lograr imponer la permanencia en el gobierno, como sea, de una cúpula corrupta hoy cuestionada por la mayoría del país. La diferencia de la situación actual con aquella que analizaba Marx es que estas cúpulas han dado, con la sanción del decreto, un paso que los aleja todavía más del respaldo popular y los deja suspendidos en el aire. Los verdaderos bolivarianos, los chavistas sinceros, los socialistas democráticos, irreverentes y libertarios, ese pueblo que es la sangre y los nervios del Proceso Revolucionario, se enfrenta a un dilema, el apoyo al decreto de la ignominia o levantar la voz en la defensa irrestricta, de las garantías y derechos de la Constitución.

http://www.aporrea.org/actualidad/a228085.html

Socialismo siglo XXI, crisis y poder militar

Rolando Astarita

La crisis del modelo chavista “socialismo siglo XXI” parece irreversible. La situación del país es desesperante. El propio gobierno de Maduro admitió que en los 12 meses a septiembre de 2015 la economía cayó 7,1%. Oficialmente la inflación en 2015 fue del 180%, y los salarios aumentaron un 97% (BCV). En lo que va de 2016 se establecieron aumentos salariales del 56%, y la inflación enero-abril es de 275%. El FMI pronostica que la inflación podría llegar al 700% en 2016 y el PBI caer un 8%. Según CEPAL, la caída sería del 6,9%. La Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por tres universidades nacionales, dice que el 73% de los hogares cayeron por debajo de la línea de la pobreza (en 2013 era el 31%). Fuentes privadas y de las universidades sostienen que el venezolano medio ha disminuido considerablemente el consumo de calorías y proteínas. El Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística han dejado de publicar datos sobre pobreza.

En algunos rubros el panorama es dramático. La carencia de medicinas alcanza al 85% y el Ministerio de Salud no publica estadísticas de mortalidad desde hace tres años. El presidente de la Federación Médica de Venezuela dice que los hospitales cuentan con solo el 4 o 5% de los medicamentos que necesitan los pacientes. Las colas para conseguir alimentos, medicinas, pañales u otros productos de primera necesidad, insumen muchas horas por día a los venezolanos, y en varios casos han terminado en violencia, saqueos o intentos de saqueo. En el mercado negro el dólar se paga más de 100 veces más caro que en el mercado oficial. La corrupción vinculada al mercado externo (importaciones fraudulentas con tipo de cambio oficial para fugar divisas) es una fuente de grandes negociados para funcionarios y allegados al chavismo. A su vez, los “bachaqueros” (personas que compran los productos a precios regulados para revenderlos en el mercado negro o destinarlos al contrabando) conforman la capa de “trabajadores de la economía informal” de mayor expansión.

Lógicamente, el clima que se vive en Venezuela es de extrema tensión. Una preocupación central de la oposición burguesa, agrupada en torno a la MUD, es que la bronca social acumulada estalle y se transforme en un movimiento incontrolado. El Gobierno, por su parte, responde a la crisis acentuando el control represivo. Durante años el chavismo se ocupó de debilitar, dividir y controlar al movimiento obrero, y reprimir a toda vanguardia o movimiento de activistas y dirigentes que llevara adelante alguna política independiente con respecto al Estado. Listas negras, asesinato de dirigentes sindicales, despido de trabajadores estatales no afectos al chavismo, manipulación de elecciones gremiales, fueron algunos de los medios empleados. Pero ahora también limita y ataca la autonomía de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. A lo que se suma el reciente decreto que establece el estado de excepción y emergencia “para derrotar al golpe de Estado”. Así, el Ejecutivo, apoyado fundamentalmente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la burocracia estatal, se coloca por encima no solo del Legislativo, sino también, y más importante, por encima de cualquier expresión de poder popular independiente que pueda incubarse al calor de la crisis.

Se trata de un avance hacia una forma de Estado más represiva, que se desarrolla a la par del ahondamiento de la crisis del capitalismo estatista y rentístico promovido por el chavismo.

Socialismo siglo XXI basado en la FANB

Durante años los apologistas de izquierda del chavismo han batido el parche con el cuento de que el proceso revolucionario venezolano tenía su pilar en las consejos comunales, una supuesta democracia directa, que sería la expresión avanzada del socialismo siglo XXI. Esos consejos creaban en los barrios bibliotecas o centros sociales, o ambulatorios u otros proyectos, canalizando la iniciativa popular. Se los consideraba entonces bastiones del poder “de los de abajo”. Por supuesto, los apologistas de izquierda disimulaban el hecho de que eran controlados desde el Ministerio de Poder Popular para las Comunas y Protección Social y por medio del financiamiento estatal.

Ahora, con la crisis, aquel discurso sobre el “poder popular” se revela como lo que es: parloteo y cartón pintado. Los consejos y el poder popular no tienen ningún poder efectivo. Más aún, a medida que la crisis se ahonda y afecta más y más el nivel de vida del pueblo, aparece con mayor claridad el resorte último del poder estatal venezolano: es la clásica “banda de hombres armados”, que están separados y por fuera de cualquier control de “los de abajo”, de los explotados y humillados. La realidad es que el chavismo se conforma como un frente de hecho entre la lumpen burguesía aliada, la alta burocracia estatal y, muy en primer lugar, la FANB y los mandos militares. Como sucede siempre que las tensiones sociales se intensifican y se agotan las maniobras de distracción y conciliación, la elevación del poder de las fuerzas armadas y represivas es la alternativa a mano de los que dominan. Los datos sobre la extensión y el poder de los militares constituyen la refutación más directa y contundente del relato “progre” sobre el “poder de las bases” en el chavismo.

Efectivamente, los militares encabezan aproximadamente un tercio de los 28 ministerios de Venezuela y gobiernan casi la mitad de sus 23 estados. Hay nada menos que 4000 generales, entre activos y retirados. Los militares pueden comprar en mercados exclusivos (por caso, en bases militares), tienen acceso privilegiado a créditos y compras de automóviles y departamentos, y han recibido sustanciales aumentos de salarios. También han ganado lucrativos contratos, explotando los controles cambiarios y los subsidios. Por ejemplo, vendiendo en los países vecinos la gasolina comprada barata en Venezuela, con enormes beneficios.

Pero también tienen un fuerte poder económico, ya que la FANB dirige y controla toda una serie de empresas: el banco BANFANB; AGROFANB, de agricultura; EMILTRA de transporte; EMCOFANB, empresa sistemas de comunicaciones de la FANB,; TVFANB un canal de TV digital abierta; TECNOMAR, empresa mixta militar de proyectos de tecnología; FIMNP, un fondo de inversión; CONSTRUFANB, constructora; CANCORFANB empresa Mixta Bolivariana; Agua Tiuna, embotelladora de agua; y CAMINPEG, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, la última creada, el 10 de febrero de 2016, y que algunos han llamado la PDVSA paralela. El decreto presidencial que dispuso su creación dice que la duración de la sociedad será de 50 años; que será “autónoma”, no estará sujeta al Ministerio de Petróleo ni a PDVSA, y no estará sujeta al control del Parlamento.

Represión al pueblo

En forma paralela al fortalecimiento del aparato militar se ha producido un avance represivo sobre la población, principalmente los sectores más pobres y marginados (lo que sigue se basa en denuncias de Provea y Human Rights Watch, división Americas). Con el argumento de combatir a la delincuencia (en 2015 la tasa de homicidios oficial fue de 58 cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo, y estimaciones privadas la consideran más elevada), el Gobierno ha lanzado la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”. Consiste básicamente en redadas y represión indiscriminada, con blanco muchas veces en las comunidades populares más empobrecidas. En estas operaciones han participado la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estatales. Según la fiscal general Luisa Ortega Díaz, en 2015 murieron 245 personas en operativos en los que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Los funcionarios dicen que las muertes ocurrieron durante “enfrentamientos”, pero las organizaciones de derechos humanos encontraron que al menos en 20 casos no hubo tales enfrentamientos. Además, la marcada disparidad entre el número de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados por PROVEA y Human Rights Watch. Por otro lado, varias víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial. Distintos informes de prensa asimismo se refirieron a agentes de seguridad que mataron a personas que no habían opuesto resistencia.

También según testigos, las fuerzas de seguridad arrestan indiscriminadamente: unas 14.000 personas fueron detenidos en esos operativos, pero menos de 100 fueron finalmente imputadas. En algunos casos examinados por PROVEA y Human Rights Watch, los agentes sometieron a los detenidos a abusos físicos, incluidas golpizas, según señalaron testigos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, de las viviendas, mientras realizaban los allanamientos o detenían a sus residentes. Los testigos y otras fuentes también hablan de desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con “paramilitares”. Unos 1700 colombianos de zonas fronterizas fueron deportados y al menos otras 22.000 personas habrían abandonado Venezuela por temor. En muchos casos, mientras las personas eran expulsadas, los militares se apropiaban de sus pertenencias y derribaban sus viviendas. Los organismos de derechos humanos dicen que con frecuencia las víctimas y sus familiares se han visto impedidos de cuestionar los abusos de poder y han sentido que no tienen dónde acudir para que se protejan sus derechos fundamentales.

En conclusión, hay que acabar con ese relato fantástico del “poder popular en el socialismo siglo XXI venezolano”. El poder militar venezolano en ascenso no es el producto de un “error” de “honestos compañeros revolucionarios confundidos”. Por el contrario, es el producto inevitable de la lógica rentística del capitalismo burocrático estatal, ahora en descomposición cuando se acabó la bonanza de los altos precios del petróleo. La conclusión central para los socialistas es que el “poder popular” no se construye en base a subvenciones del Estado burgués, manejado por milicos advenedizos y burócratas arribistas, en alianza con la lumpen burguesía enriquecida de la noche a la mañana. Y no hay “táctica entrista” ni “apoyo crítico táctico” que cambie la naturaleza social de semejante entramado, y menos que desarme la fuerza de ese poder burocrático militar. Solo por la vía de la lucha de clases los explotados podrán cambiar esta situación. Para eso, el primer paso es caracterizar a los burócratas y milicos como lo que son, y no como lo que quisieran que fueran los “marxistas nacionales” y similares.

https://rolandoastarita.wordpress.com/2016/05/15/socialismo-siglo-xxi-crisis-y-poder-militar/

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Soluciones urgentes para una crisis insoportable

Nicmer Evans

Hoy la gente, más que diagnósticos los problemas, lo que demanda son propuestas y soluciones viables. Sin embargo, dejar de lado el diagnóstico puede conducir a errores garrafales en la presentación de soluciones.

Bastante hemos aportado en el diagnóstico, que podríamos sintetizarlo en: 1.- Una separación radical de la propuesta revolucionaria y socialista planteada por Chávez en el testamento político "Golpe de Timón", por parte del gobierno de Maduro. 2.- Profundización de la crisis ética, la corrupción y la kakistocracia en estos últimos tres años. 3.- Negación de la responsabilidad de la burocracia y la cúpula política sobre la crisis. 4.- Negación del modelo comunal en coexistencia con el pequeño y mediano empresario para la reactivación y diversificación económica. 5.- Ausencia de desburocratización de los procesos democráticos y productivos. 6.- Represión a la crítica y la autocrítica. 7.- Castración a las iniciativas productivas, privilegiando las importaciones como negocio fundamental de una neoburguesía financiera y especuladora absolutamente parasitaria en nombre de la "soberanía". 8.- Negación de una Auditoría Pública y ciudadana, apoyando así a la impunidad. 9.- Cooptación de los poderes públicos no electos. 10.- Traición a todo un pueblo que confió en la continuidad de un gobierno con sed permanente de legitimidad y conciencia de clase.

Es por todo lo anterior que seguimos insistiendo en proponer cosas, ya no a un gobierno sordo y ciego como consecuencia de la acumulación mafiosa de capital que tapusa sus vías de contacto con la realidad de un pueblo que hoy muere de mengua por no conseguir los medicamentos necesarios para atender un porcentaje importante de enfermedades crónicas, sino, de cara al pueblo que vive de su trabajo, y de aquel que hoy vuelve a ser excluido del sistema.

En este sentido seguimos proponiendo:

1.- La necesidad de crear un modelo propio distinto al neoliberalismo como el factor orientador de los sectores progresistas de nuestro país. 2.- Un cambio de discurso más próximo y realista, que acepte los errores del pasado y asuma con coraje la renovación de ideas. 3.- Plantear un modelo transicional económico que atienda primero la salida estructural a la crisis económica para poder posteriormente discutir el modelo definitivo que queremos. 4.- Unificar todos los esfuerzos para que los cambios necesarios sean de manera transparente, incluyente de todos los sectores y fuerzas políticas y productivas del país. 5.- Generación de confianza a través de un plan concertado que genere estabilidad y seguridad, con la legitimidad de la refrenda ciudadana, sin pactos o acuerdos a media noche y entre gallos. 7.- Superación de la impunidad a través de una Auditoria Pública y Ciudadana. 8.- Repatriación de capitales fugados y cese planificado y acordado del pago de la deuda externa hasta no ser auditada. 9.- Respeto incuestionable a los derechos democráticos contra el autoritarismo. 10.- Freno a la explotación del Arco Minero del Orinoco tal como está planteada en el plano del extractivismo y profundización del rentismo.

Sin embargo, todo esto al final pasa por la salida democrática de este gobierno, pero no para entregarlo a la oposición, cayendo en el juego de la polarización, sino para desarrollar los cambios desde una alternativa despolarizada, incluyente, ciudadana, humanista, democrática, que reconozca a todos los actores, los respete, pero privilegie la decisión popular sobre los intereses de las cúpulas. Una Nueva Referencia Política es no sólo una necesidad, es una urgencia que debemos asumir desde aquellos sectores que hoy nos duele el país, porque las cúpulas ya "¡No nos representa!", y lo nuevo no debe hacerse esperar.

http://www.aporrea.org/actualidad/a226672.html

 

Rajoy y sus ayudas a los "hermanos venezolanos"

Enrique García

Cinco días después de la larga rueda de prensa de Maduro sobre la campaña internacional contra su gobierno, en especial desde los medios de comunicación españoles, el presidente en funciones del gobierno de España, Mariano Rajoy, decidió confirmar en buena parte las acusaciones del presidente venezolano, no solo en palabra, sino con hechos.

En un artículo publicado en El País (“Ayudar a un pueblo hermano”), respondía a la declaración del estado de excepción en Venezuela con la concesión, por carta de naturaleza, de la nacionalidad española a la hermana y al cuñado del político venezolano preso Leopoldo López, Diana López y Herman Sifontes, así como a Luís Carlos Serra Carmona, entre otras cosas miembro de la Junta Directiva del periódico El Nacional, su esposa y sus dos hijos. Asimismo, el gobierno en funciones de Rajoy ha otorgado el permiso de residencia por circunstancias excepcionales en España a cinco propietarios o periodistas de diversos medios de comunicación venezolanos afectados por las mismas restricciones impuestas por los tribunales de aquél país a Luís Carlos Serra Carmona.

Para estás medidas extraordinarias, cuya sustento jurídico analizaremos más adelante, se alegan tres razones: 1) Los padecimientos de 28 millones de venezolanos, de los que los citados son ejemplo; 2) El apoyo a la libertad de prensa en Venezuela; y 3) Los abucheos e insultos sufridos por el padre de Leopoldo López en Pola de Siero, Asturias, a donde había sido invitado para escuchar una declaración institucional en apoyo de los presos políticos venezolanos, por los “concejales, militantes y simpatizantes de la izquierda radical española” (que dos líneas más arriba se aclara que son de Izquierda Unida y Somos-Podemos).

Si no fuera por las consecuencias para la política exterior española, así como para las inversiones (1 y 2) y los más de 200.000 españoles residentes en Venezuela, el artículo del presidente en funciones Rajoy se podría considerar, sin más, un exceso de esta precampaña electoral. Venezuela ha sustituido a Cuba (sobre todo tras el reciente viaje de Margallo a La Habana) como contra-ejemplo moral de las virtudes conservadoras españolas, sobre todo ahora que estas son amenazadas directamente por las huestes “bolivarianas” de Unidos Podemos. Pero en las próximas semanas se anuncian una serie de visitas a Caracas, tras el viaje mediador del expresidente Rodríguez Zapatero, que incluye al candidato de Ciudadanos, Albert Rivera (a la búsqueda de un pedigrí de halcón en política exterior) y de varios políticos del Partido Popular, que el ministro de exteriores en funciones Margallo ha prometido apoyar.

“¿Venezuela, capital Madrid?”, titulaba su artículo dominical Enric Juliana. Si no se pone freno a esta ristra de ingerencias insensatas del gobierno en funciones de Rajoy, a treinta días de las elecciones, las consecuencias pueden ser aún peores que las que han bloqueado las relaciones oficiales de España con Cuba durante cuatro años.

Las tres razones

Resulta, de entrada, poco creíble extender la trágica situación de desabastecimiento e inseguridad ciudadana que sufre la mayor parte de la población venezolana a Herman Sifontes y a Luis Carlos Serra Carmona. Ambos son parte del gran empresariado venezolano que durante estos años ha hecho su agosto gracias al tráfico de divisas y activos, que hizo posible una legislación sobre divisas y comercio exterior (CADIVI) tantas veces denunciada por la izquierda venezolana.

El primero, Herman Sifontes, con el grupo Econoinvest (380.000 clientes con 60.000 dossieres), que es lo más parecido a un esquema Ponzi de financiación de las Misiones y un ejemplo de eso que se ha llamado “boliburguesía”. En 2010, Sifontes fue imputado, junto con otros 10 directivos de casas de bolsa, por “comercialización ilícita de divisas”. La reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios permitió en 2014 el sobreseimiento del juicio, a pesar de que se había corroborado “que las operaciones de títulos valores de Econoinvest eran una fachada para la compra y venta de divisas; que defraudaban el propósito de la normativa legal y, además, produjeron un alza artificial en el costo de dólares, situación que, en consecuencia, producía un efecto inflacionario en el país”. (Para otras versiones del proceso bastante reveladoras de su naturaleza, 1 y 2).

El segundo, Luís Carlos Serra Carmona, ha hecho su fortuna en FVI Fondo de Valores Inmobiliarios SACA, uno de los mayores operadores inmobiliarios en América Latina. Además de ello, es uno de los miembros directivos del periódico El Nacional. El 12 de mayo de 2015, un juzgado de Caracas prohibió la salida del país a 22 propietarios o directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla por reproducir un artículo del periódico madrileño ABC acusando al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de narcotráfico, que interpuso una querella en defensa de su honor ante los tribunales, ante el peligro de huida de la justicia.

¿Por qué la concesión de nacionalidad española solo se hace a los dos anteriores Sifontes y Serra Carmona y no al resto de los imputados en una y otra causa? La verdadera respuesta a esta pregunta es que ambos pertenecen por lazos familiares a la vieja guardia de Acción Democrática. Pero además, ¿qué efecto legal puede tener esta concesión de nacionalidad, cuando ambos ostentan la venezolana, que es la única con efectos jurídicos en el territorio de Venezuela? En definitiva, se trata de un ejemplo de discriminación, no ya de los 28 millones de venezolanos alegados, sino de los 30 imputados restantes en las causas contra Econoinvest y El Nacional, Tal Cual y La Patilla. Y, además, una discriminación inútil, porque no tiene efecto jurídico alguno –si siquiera de protección consular- y su único objetivo es manifestar abiertamente una ingerencia política externa.

El resto de los argumentos de Rajoy son pura demagogia. Su partido se ha negado a condenar repetidamente en el Congreso de los Diputados el golpe de estado fascista del 18 de julio de 1936 y la represión de la Dictadura Franquista. Escucharle ahora decir que tiene una deuda pendiente con la oposición venezolana por como acogió su país a los “españoles del éxodo y del llanto” es simplemente repugnante. Y ¿con qué legitimidad moral puede defender la libertad de expresión el gobierno que aprobó la “Ley mordaza” en el Reino de España?

¿Es legal la concesión de nacionalidad por parte de un gobierno en funciones?

El siguiente elemento a considerar es si el gobierno en funciones de Rajoy puede tomar este tipo de decisiones de acuerdo a derecho. Y para ello hay que citar de nuevo la sentencia del 2 de diciembre de 2005 del Pleno de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (recurso ordinario 161/2004), a la que se hacía referencia en una reciente editorial de Sin Permiso, en la que se abordaba precisamente los límites de las actuaciones de un gobierno en funciones en el ordenamiento jurídico español. La sentencia del Tribunal Supremo era en relación con la concesión de indultos. Por lo que parece una actuación excesiva y anti-constitucional con más razón al tratarse de la concesión de nacionalidad a extranjeros: “el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya. El cese priva a este Gobierno de la capacidad de dirección de la política interior y exterior a través de cualquiera de los actos válidos a ese fin, de manera que será preciso examinar, caso por caso, cuando surja controversia al respecto, si el discutido tiene o no esa idoneidad en función de la decisión de que se trate, de sus consecuencias y de las circunstancias en que se deba tomar" (F. J. 8º)”.

El hecho de que la decisión se adopte con Congreso de los Diputados disuelto, y sin posibilidad de control parlamentario –a lo que el gobierno en funciones de Rajoy se ha negado en redondo en los meses anteriores cuando estaba en sesión-, añade a la decisión un agravante ante cualquier posible recurso.

Peligrosos precedentes

El pasado 17 de mayo, el líder del MUD, Capriles, pidió al ejercito venezolano rebelarse “con el fin de defender la Constitución”. Se trata del mismo argumento utilizado por los golpistas en el fallido intento de 2002 contra Chávez.

Inmediatamente tras las elecciones de noviembre de 2004 en el Reino de España que pusieron fin al Gobierno Aznar, se abrió una polémica sobre el apoyo del gobierno del PP al intento de golpe de estado de 2002 en Venezuela. La intervención del entonces ministro de asuntos exteriores Moratinos en el Congreso de los Diputados puso de manifiesto la lógica pseudo-constitucional del intento de golpe. Esta se apoyaba en el art. 350 de la Constitución Bolivariana (“El pueblo de Venezuela desconocerá (…) cualquier régimen que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”), y después en la cadena de transmisión de poderes establecida en el art. 233, que obligaba a los golpistas a contar con la renuncia del presidente Chávez, de su vicepresidente Cabello y del presidente de la Asamblea Nacional, Lara, que nunca se produjo, a pesar de las declaraciones de la Junta golpista.

Y era así por la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la OEA de 2001, que impedía a los estados firmantes, incluido EE UU, el reconocimiento de gobiernos golpistas, condenándolos al aislamiento. De ahí la alarma cuando el actual secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, denunció por carta al Presidente Maduro por resistirse al referendo revocatorio con estas palabras: "Tú tienes un imperativo de decencia pública de hacer el referéndum revocatorio en este 2016, porque cuando la política está polarizada la decisión debe volver al pueblo, eso es lo que tu Constitución dice (…)"Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente".

En este marco político, la decisión del gobierno Maduro de no aceptar el proceso revocatorio constitucional, teniendo la oposición, tras las elecciones del 6 de diciembre de 2015, la mayoría parlamentaria y la presidencia de la Asamblea Nacional, implica alimentar la propia lógica pseudo-constitucional golpista.

El estado de excepción de Maduro limita la capacidad de movilización autónoma de la clase trabajadora y convierte al ejercito en su único garante. Una y otra vez, los mandos del ejercito bolivariano han reafirmado su apoyo al gobierno. Pero es evidente que una intervención represiva, en cualquier sentido, trasladaría al seno del ejercito la dualidad de legitimidades institucionales y a mantener su unidad operativa haciéndose cargo directamente del poder.

Esa situación constitucional imposible abriría rápidamente una “transición” hacia un gobierno apoyado en la Asamblea Nacional, bien en su mayoría opositora o en un acuerdo entre la oposición y sectores del actual régimen, al amparo legal del estado de excepción presidencial.

Eso es lo que está en juego en Venezuela: “Los venezolanos merecen un futuro mejor. Y los españoles y europeos tenemos que ayudar al pueblo hermano de Venezuela” (Rajoy dixit).

www.sinpermiso.info, 22 de mayo 2016

 

Carlos Carcione Economista. Coordinador del Equipo de Investigación de Marea Socialista.
Rolando Astarita Profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires.
Nicmer Evans Politólogo, M.Sc. en Psicología Social, docente UCV, Director y Consultor de Visor 360º, militante de Marea Socialista.
Enrique García Politólogo y traductor, colaborador de Sin Permiso.
Fuente: Varias

Tomado de www.sinpermiso.info

 

 

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