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Venezuela: ascenso y crisis de la Revolución bolivariana

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Venezuela: ascenso y crisis de la Revolución bolivariana
Edgardo Lander 19/08/2018
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El proceso bolivariano en Venezuela, a partir de la elección de Chávez en el año 1998, comenzó en un momento crítico de la historia del país. En una sociedad que había entrado ya hacía dos décadas en el agotamiento del modelo petrolero rentista y su Estado clientelar, una sociedad que atravesaba una severa crisis económica con un sistema político inestable y profundamente deslegitimado, las propuestas y el discurso de Chávez lograron crear un sentido de rumbo, una esperanza colectiva de que era posible otro horizonte para la sociedad.

En la primera década del gobierno de Chávez se produjeron cambios importantes en la sociedad. Se llevó a cabo un proceso constituyente que culminó con la aprobación, por vía de referéndum, de una nueva constitución. En ésta se estableció una amplia gama de modalidades de democracia participativa, destinadas no a reemplazar a la democracia representativa, sino a profundizar la democracia. En un momento en que operaba en todo el continente una fuerte oleada neoliberal, se constitucionalizaron no solo los derechos políticos, sino igualmente los sociales, económicos y culturales tales como el derecho a la educación en todos los niveles y el acceso a servicios de salud públicos gratuitos. Por primera vez en la historia se reconoció a los pueblos indígenas y sus derechos, incluidos los territoriales. Se dispuso un amplio control estatal sobre la industria petrolera y demás industrias básicas.

Con un mayor control público sobre los ingresos petroleros y un incremento sostenido de los precios de los hidrocarburos, aumentó sustancialmente el ingreso fiscal. Se produjo una fuerte reorientación del gasto público hacia políticas sociales, las denominadas misiones, destinadas prioritariamente a los sectores menos favorecidos de la población. Se amplió extraordinariamente la cobertura de la seguridad social. Como resultado de estas políticas y de un crecimiento económico sostenido durante varios años, se redujeron significativamente tanto los niveles de pobreza y de pobreza crítica (medidos por ingreso monetario), como los índices de desigualdad. Mejoraron todos los principales indicadores sociales como la matrícula escolar, los niveles de nutrición, y la mortalidad infantil.

Se produjeron profundos cambios en la cultura política popular. De unas condiciones generalizadas de apatía y distancia en relación a un sistema político desprestigiado en el cual había ido desapareciendo toda noción de lo popular hasta del ámbito del discurso, se pasa a una nueva condición de optimismo, de dignidad y convicción de que con la organización y movilización colectiva sería posible la construcción de un futuro mejor. Se dan ricos y variados procesos de organización popular como las Mesas Técnicas de Agua, los Consejos Comunitarios de Agua, los Comités de Tierras Urbanos, los Comités de Salud, y posteriormente, los Consejos Comunales y las Comunas, que en su conjunto involucraron a millones de personas. Durante más de una década el gobierno de Chávez contó con elevados niveles de legitimidad en el mundo popular venezolano y ganó sucesivas elecciones entre los años 1998 y 2012.

En el ámbito latinoamericano, los ejemplos y las iniciativas del gobierno bolivariano jugaron un papel significativo en la emergencia de los gobiernos denominados progresistas que cubrieron la mayor parte de la geografía de América del Sur. Fueron importantes sus iniciativas tanto en la derrota del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), orden constitucional neoliberal que el gobierno de los Estados Unidos pretendía imponer sobre todo el continente, como en la creación de nuevos mecanismos de solidaridad e integración latinoamericanos: UNASUR, CELAC, Alba y Petrocaribe.

Este extraordinario proceso de cambio se convirtió en una referencia global, en un rayo de esperanza tanto para pueblos y movimientos latinoamericanos, como para comunidades tan remotas como los campamentos de refugiados palestinos en Beirut y movimientos sociales en la India y en el Sureste Asiático.

Como era de esperarse, en un proceso político definido como anti-imperialista, y posteriormente como socialista, el proyecto bolivariano enfrentó durante todos estos años presiones y amenazas externas por la derecha global, especialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Desde sus propios inicios, el gobierno de Chávez confrontó acciones imperiales destinadas a deponerlo. El gobierno de los Estados Unidos en todo momento ha apoyado política y financieramente los intentos de la derecha venezolana por derrocarlo, comenzando por el golpe de Estado de abril 2002 y el paro petrolero-lockout empresarial que prácticamente paralizó al país durante dos meses entre los años 2002 y 2003.

Más recientemente, Barack Obama, justo antes de salir de la presidencia, renovó una orden ejecutiva que declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos".[2] En agosto de 2017, Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar de Estados Unidos en los siguientes términos:

Tenemos muchas opciones para Venezuela, este es nuestro vecino.... Estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que son muy, muy lejos, Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario.[3]

Un nuevo paso se dio en agosto 2017 cuando Donald Trump ordenó un bloqueo financiero a Venezuela. Éste ha tenido una aplicación extraterritorial mucho más allá de los Estados Unidos ya que muchos bancos de otros países, especialmente de la Unión Europea, han suspendido sus operaciones con Venezuela por temor a represalias del gobierno estadounidense. Al carecer de bancos corresponsales en los Estados Unidos y en la Unión Europea, el gobierno ha enfrentado grandes dificultades para sus compras en el exterior (incluso de alimentos y medicamentos), para tener acceso a nuevas fuentes de crédito y para realizar pagos de su deuda externa. A diferencia de las sanciones anteriores dirigidas puntualmente hacia algunos funcionarios del alto gobierno, estas sanciones económico/financieras afectan directamente a la mayoría de la población.

El golpe de Estado parlamentario en Brasil y la victoria electoral de Macri en Argentina, y en general el desplazamiento político latinoamericano hacia el neoliberalismo y la alianza con los Estados Unidos, ha alterado significativamente el contexto continental en el cual había operado el proceso bolivariano hasta recientemente, conduciendo a un creciente y severo aislamiento, no solo internacional, sino latinoamericano. El gobierno venezolano no solo no cuenta con el respaldo latinoamericano que tuvo anteriormente, sino que enfrenta ataques sistemáticos por parte de la mayoría de los integrantes de la Organización de Estados Americanos y una presión constante por parte del denominado Grupo de Lima.

Limitaciones, contradicciones y vulnerabilidades internas del proceso bolivariano

Sin embargo, este contexto profundamente adverso de modo alguno es suficiente para explicar la profunda crisis multidimensional que hoy vive el país. Como se documentará más abajo, tanto la recesión como la reducción sostenida de la producción petrolera comenzaron en el 2014, tres años antes de las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Trump. Este proceso político estuvo atravesado desde sus inicios por profundas contradicciones y vulnerabilidades internas, contradicciones y vulnerabilidades que se fueron haciendo más evidentes con el paso del tiempo. Esto hizo que, más allá de los discursos altisonantes, fuese limitada la capacidad de resistir las presiones externas. Entre estas destacan:

-Las contradicciones entre un proyecto auto denominado como anticapitalista y pluricultural, por un lado, y su apuesta por la acentuación extrema del rentismo y el extractivismo petrolero y minero y la profundización de la inserción colonial primario exportadora en el régimen global de la división internacional del trabajo y la naturaleza.

-La extraordinaria dependencia en el papel unipersonal de Hugo Chávez como líder carismático incuestionado del proceso bolivariano tuvo consecuencias profundamente contradictorias. Por un lado, la notable capacidad de liderazgo de Chávez hizo posible los quiebres político culturales que caracterizaron a las primeras fases del proceso bolivariano, permitiendo quebrar la jaula de hierro de una sociedad que, a pesar de pasar por una profunda crisis económica y tener un sistema político profundamente deslegitimado, estaba en lo fundamental desmovilizada y carecía de horizontes de cambio creíbles. Chávez logró romper con el letargo, la apatía y la resignación del mundo popular ofreciendo un nuevo rumbo, una nueva direccionalidad capaz de capturar los imaginarios colectivos. Pero, por otro lado, el proceso venezolano vivió igualmente las consecuencias negativas de un liderazgo unipersonal. Este modelo de liderazgo termina por generar un tipo de conducción caracterizado por el endiosamiento del líder y la exigencia de incondicionalidad. En este contexto, el debate crítico estorba y las voces disidentes van siendo marginadas. Se empobrece de esa manera la posibilidad de debates abiertos y de exploración de opciones alternativas. En estas condiciones no debe sorprender que muchas de las decisiones de Chávez fueran improvisadas y terminaran haciéndole mucho daño al país. Desde el punto de vista de la continuidad del proceso bolivariano la presencia determinante de este tipo de liderazgo bloquea la emergencia de liderazgos alternativos, con lo cual la ausencia del líder máximo pone en riesgo todo el proyecto de cambio.

-La tensión entre los imaginarios y prácticas del poder popular y la auto-organización desde abajo, por un lado, y políticas de inspiración leninistas de control desde arriba y la toma de todas las principales decisiones desde la cúpula del Estado-partido que luego son informadas a la población a través de transmisiones conjuntas de radio y televisión. De esta manera se va socavando la confianza en las capacidades de auto-gobierno del pueblo organizado. Ha habido en estos años una fuerte contradicción entre el impulso y promoción de múltiples formas de organización popular de base, y el establecimiento de estructuras de control vertical de estas organizaciones, así como la generación de una permanente dependencia financiera del Estado, minando así las posibilidades autónomas de estas organizaciones.

-Han sido igualmente severas las limitaciones de un proceso de trasformación social concentrado en las dinámicas político organizativas e institucionales, sin una correspondiente alteración de la estructura económica de la sociedad. Se dan pasos en la dirección de mayor democracia política, sin que esto esté acompañado de la democracia en el ámbito de la producción. Sin base productiva propia, las organizaciones populares no pueden dejar de depender del Estado. De esta manera se acentúa el Estado-centrismo verticalista rentista y clientelar de esta sociedad, lo cual es poco conducente a la ampliación de la democracia.

-La contradicción entre la ampliación de la democracia y el impulso de sus modalidades participativas, por un lado, y por el otro una cultura militar de mando vertical no deliberativo que ha aportado la fuerte presencia militar en todos los ámbitos del Estado (ministerios, instituciones y empresas públicas, gobernaciones, alcaldías) y del partido de gobierno.

-Fueron igualmente severas las consecuencias de que, a nombre de Ala Revolución@, se fuesen borrando los límites entre lo público-estatal y lo político-partidista. Cuando se considera que las fronteras entre lo púbico-estatal y lo político-partidista constituyen separaciones liberales que deben ser superadas en tiempo de "revolución", se va diluyendo igualmente la frontera entre lo público y la privado. De esta manera se crean las condiciones político institucionales para la masiva corrupción que ha caracterizado al gobierno bolivariano en todos sus niveles.

-La concepción y práctica de la política como una confrontación entre amigo y enemigo, terminó instalando en la sociedad venezolana una cultura de sectarismo, desconfianza y de no reconocimiento del otro que dificulta enormemente las posibilidades de diálogos y acuerdos, aunque sean mínimos, ante la profunda crisis humanitaria que vive el país.

La condición estructural básica de la sociedad venezolana, determinante fundamental de las severas dificultades económicas, políticas y culturales que venía confrontando desde hacía décadas, es la crisis terminal de su modelo petrolero rentista, su altísima dependencia de la exportación de un solo producto, y del correspondiente modelo de Estado centralizador y clientelar. Durante los años del gobierno de Chávez, más allá del discurso, no solo no se tomaron ni siquiera pasos iniciales en la dirección de una transición hacia una Venezuela post-petrolera, sino que se profundizó aún más la dependencia del petróleo, hasta llegar éste a representar el 96% del valor total de las exportaciones del país. En términos relativos y absolutos se redujeron las exportaciones no petroleras y las exportaciones del sector privado. Al incremento de la demanda interna, que se dio como consecuencia de políticas públicas orientadas al aumento de la capacidad de consumo de la población, no se respondió con un aumento de la producción agrícola e industrial, sino mediante un crecimiento sostenido de las importaciones. Una paridad cambiaria extraordinariamente sobre valuada profundizó la histórica enfermedad holandesa. Importar bienes del exterior ha sido más barato que producirlos en el país, el comercio y las finanzas más rentables que la actividad agrícola o industrial. Todo esto acentuó la vulnerabilidad de la economía e incrementó su dependencia de los ingresos petroleros. Tanto las políticas sociales, que tuvieron durante unos años un impacto tan significativo en las condiciones de vida de los sectores populares, como las iniciativas de solidaridad latinoamericana, han dependido de la renta petrolera. Se trató en lo fundamental de un modelo político distributivo. La única alteración significativa de la estructura productiva del país fue su progresivo deterioro.

Al pasar el proceso bolivariano a ser definido como socialista en los años 2006 y 2007, y a partir de una fuerte influencia cubana, se identificó socialismo con estatismo. En ausencia total de un balance informado y crítico sobre las consecuencias que en Cuba tuvo la pretensión de dirigir la totalidad de la actividad económica desde instituciones del Estado, hoy cuestionada en el nuevo texto constitucional que se debate en dicho país, una muy amplia gama de empresas agrícolas, industriales, de servicios y comerciales pasaron a ser empresas estatales, un total que ha sido estimado en 526.[4] La mayor parte de éstas pasaron a ser gestionadas en forma deficiente, con limitadas inversiones, así como niveles bastante generalizados de clientelismo y corrupción. Carecieron de las divisas requeridas para su mantenimiento y actualización tecnológica. La grotescamente distorsionada estructura de precios de la economía venezolana (una taza de café en una cafetería costaba, a mediados del año 2018, lo mismo que 250 mil litros de gasolina de 95 octanos) ha afectado por igual a las empresas públicas y privadas. Lo mismo ocurre con la inflación e hiperinflación que impide la realización del cálculo económico requerido para la gestión de toda unidad productiva. Su dirección fue puesta en manos de "gente de confianza política", con frecuencia militares, aunque éstos no tuviesen conocimiento alguno de la actividad que les tocaba gestionar. La mayoría de estas empresas ?desde las grandes plantas de acero y aluminio hasta pequeñas empresas de alimentos- pasaron a producir pérdidas y solo pudieron mantenerse activas como consecuencia de los aportes que les hacía el Estado a partir de la renta petrolera. Cuando el Estado deja de tener capacidad para estos subsidios, se profundiza la crisis de estas empresas.

El sector privado no se encuentra en mejores condiciones. De acuerdo a la última encuesta de la cámara empresarial de la industria, Conindustria, para mediados del año 2017, estaba siendo utilizada solo 45% de la capacidad industrial instalada.[5] Para mediados del año 2018, esta cifra había descendido significativamente.

La crisis económica

Para analizar el estado actual de la economía en Venezuela no existe información oficial actualizada. La mayor parte de las estadísticas divulgadas por Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística, organismo responsable del sistema estadístico nacional, tienen entre tres y cuatro años de retraso.[6] Claramente el gobierno ha decidido no divulgar la información que confirmaría la profundidad de la crisis económica. Los cálculos que se han difundido por analistas económicos, centros académicos, asociaciones empresariales e instituciones internacionales presentan grandes variaciones.

En los últimos años la economía venezolana registró una caída aun mayor que la vivida durante el paro petrolero-lock out empresarial de 2002?2003. El PIB ha caído por cuatro años consecutivos: 2014 (-3,9%), 2015 (-6,2%), 2016 (-16,5%)[7]. El FMI estima que la cifra correspondiente al año 2017 fue de -12%, con lo cual la economía venezolana a finales de éste tiene un PIB de solo 66% de lo que fue en el año 2013. Dado que durante el año 2018 se ha profundizado la crisis, de acuerdos a algunas proyecciones es probable que para finales del año 2018 el PIB se acerque a la mitad del nivel correspondiente al año 2013. Un descenso de carácter propiamente catastrófico.

Durante estos años ha habido un fuerte déficit fiscal del sector público consolidado: 2012 (15,1%); 2013 (13,2%); 2014 (8.8%); 2015 (10,3%); 2016 (17%).[8] La inflación el año 2017 superó el 2000%, iniciándose un período de hiperinflación. A mediados del año 2018 la inflación fue de más de 100% mensual. El FMI estima que para finales del 2018 la inflación anual habrá llegado a un millón por ciento.[9]

Aparte de una generalizada especulación, la carencia de divisas y los desequilibrios estructurales entre una oferta de bienes, servicios y divisas en acelerado descenso ante unas expectativas de consumo que difícilmente puedan adaptarse a esas nuevas condiciones, un determinante medular de la hiperinflación ha sido la emisión masiva y creciente de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela con el fin de garantizar la expansión del gasto público y las políticas clientelares del gobierno en condiciones de severos déficits fiscales. En mayo 2018, después de tres años de recesión, la masa monetaria fue 509 veces mayor que la correspondiente a mayo del 2015. Esa expansión incontrolada de la masa monetaria se ha ido acelerando. Entre enero y mayo del año 2018, la masa monetaria del país se multiplicó por siete, al pasar de 177 a 1.255 millardos de bolívares.[10] La emisión de papel moneda se ha quedado muy atrás, generando una severa escasez de efectivo. Mientras que tradicionalmente en el país el papel moneda circulante ha representado entre 13 y 14% de la masa monetaria, en la actualidad no llega al 2%. La falta de efectivo se ha convertido en un componente adicional de las dificultades que enfrenta la población en su vida cotidiana. Los bancos permiten retirar montos muy restringidos de dinero cada día, y hay gastos, como los del transporte urbano e interurbano que no se pueden pagar sino en efectivo. Para ello es frecuente tener que comprar efectivo a través de transferencias bancarias con recargos hasta de 200% y 300%.

El valor total de las exportaciones bajó de 98.877 millones de dólares en el año 2012 a 27.407 millones de dólares en el año 2016. En un país absolutamente dependiente de las importaciones, entre los años 2012 y 2016, estas descendieron de 65.951millones de dólares a 16.370 millones de dólares, una caída de 75%[11], con un severo impacto sobre el conjunto de la actividad económica debido a la carencia de insumos y repuestos. Particularmente dramático ha sido el impacto sobre la disponibilidad de alimentos, medicinas y el transporte.

A partir del año 2015 se produce un déficit en la cuenta corriente.[12] Las reservas internacionales cayeron de 35 mil millones de dólares en 2009 a 8.7 mil millones de dólares en julio del 2018.[13] Se estima que la deuda externa total es de 184.500 millones de dólares, sin incluir "los compromisos de deuda comercial, la deuda a proveedores de PDVSA, la deuda por nacionalizaciones, compromisos con multilaterales, entre otros."[14] Esto es veinte veces mayor que las reservas internacionales totales del país y representa casi siete veces el monto total de las exportaciones del último año para el cual hay información oficial, el 2016. A pesar de que hubo años de muy elevados precios del petróleo, la deuda externa per cápita pasó de 1.214 dólares en el año 1999 a 3.916 dólares en el año 2017.[15] El hecho de que el gobierno le haya dado prioridad al pago puntual de esta deuda sobre las necesidades más urgentes de alimentación y salud de la población ha sido un factor fundamental de la presente crisis social.[16]

China, y en segundo lugar Rusia, han sido durante los años del proceso bolivariano las principales fuentes de financiamiento externo. Sin embargo, a mediados del año 2018, es tal la dificultad del país para cancelar sus compromisos, que estos países no parecen dispuestos a seguir suministrando dinero fresco.

La industria petrolera

El colapso de los precios del petróleo, que pasaron de un promedio que giró en torno a los 100 dólares por barril entre los años 2012 y 2014, a un promedio de 41 dólares por barril en el año 2015, fue un componente fundamental de la crisis económica que vive el país. Sin embargo, esto en modo alguno basta para explicarla. Ningún otro país petrolero ha experimentado un deterioro similar en estos años. Por otra parte, los precios del petróleo han venido recuperándose hasta superar los 66 dólares por barril a mediados del año 2018, precio más elevado que el promedio durante los catorce años del gobierno de Chávez.

Más allá de los precios del petróleo, la industria petrolera está prácticamente en estado de colapso, poniendo de manifiesto en forma dramática algunas de las principales contradicciones y distorsiones del proceso bolivariano. Mientras que el gobierno nacional se había fijado como meta para el año 2019 la elevación de la producción de petróleo a seis millones de barriles diarios, de acuerdo con el boletín estadístico mensual de la OPEP correspondiente a junio 2018, la producción venezolana (de acuerdo a fuentes secundarias) había descendido a un millón trescientos cuarenta mil barriles diarios,[17] solo 44% del nivel de producción del año 2009 y el nivel más bajo en décadas. Este colapso de la producción nada tiene que ver con la intención de reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero, ni con políticas de la OPEP destinadas a proteger los precios del petróleo. Hay una extraordinaria disparidad entre las metas de producción que se ha propuesto el gobierno y los niveles de producción que ha logrado.

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No todo el petróleo que se exporta se traduce en nuevos ingresos ya que una importante proporción de estas exportaciones están a orientadas a cancelar la deuda en petróleo que el Estado venezolano ha adquirido con China. Las refinerías están operando tan precariamente que han dejado de tener capacidad para suplir el mercado interno. En los últimos años han aumentado los gastos operativos con una correspondiente reducción de la participación fiscal en los ingresos totales de la empresa.[18] De acuerdo con la última publicación de los Estados Financieros Consolidados de PDVSA, correspondiente al año 2016, sus ganancias netas se desplomaron desde más de nueve mil millones de dólares en 2014 a 828 millones de dólares en 2016.[19]

Son muchas las causas del deterioro de la empresa y del desplome de la producción, entre las cuales destacan además de los factores externos que han sido mencionados arriba, la incapacidad gerencial que conduce a ineficiencia e improvisación, la corrupción, los escandalosos sobreprecios en sus operaciones, el drenaje continuado de personal calificado y las limitadas inversiones en mantenimiento y tecnología. La distribución prácticamente gratis de la gasolina en el mercado interno, y el masivo contrabando de extracción de sus productos que esto genera, implica pérdidas para el presupuesto nacional de millardos de dólares al año. Ha sido sistemático el proceso de descapitalización al cual el ejecutivo nacional sometió a PDVSA, obligando a la empresa a entregar sus divisas al Banco Central a una paridad cambiaria que representaba una extraordinaria e insostenible sobrevaluación del bolívar. Para seguir operando, a partir del año 2007, la empresa comenzó un proceso de creciente endeudamiento externo. En el año 2017 ya debía un total de 71.000 millones de dólares.[20], deuda que la empresa no está en capacidad de pagar con lo cual se acerca peligrosamente a un default que pondría en riesgo sus instalaciones en el exterior, en especial CITGO, su subsidiaria en los Estados Unidos.

De enormes consecuencias no solo para la industria petrolera, sino para el presente y futuro del país, fue la decisión estratégica del gobierno bolivariano de priorizar el desarrollo de los petróleos pesados y extra pesados de la Faja del Orinoco sobre los campos tradicionales. Imaginarios megalómanos en los cuales se buscaba convertir a Venezuela en una Gran Potencia Energética, sobre la base de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, llevaron a apostar el futuro del país al desarrollo exponencial de los yacimientos de la Faja del Orinoco. Se trata mayoritariamente de petróleos pesados y extrapesados que requerirían, para los niveles de producción a los cuales se aspiraba, una tecnología y unos volúmenes de inversiones con las cuales no cuenta el país, sobre todo si, como se contempla en la Constitución del año 1999, se buscaba limitar la participación de corporaciones transnacionales. Las inversiones en el petróleo de la Faja solo serían rentables si se mantienen los precios del petróleo cercanos a los cien dólares por barril y en el supuesto negado de que el uso del petróleo como combustible estuviese garantizado a muy largo plazo. Mientras tanto, se descuidó o abandonó una elevada proporción de los campos petroleros tradicionales, con petróleos más livianos y con costos de explotación muy inferiores. Se trata de pozos maduros, muchos de los cuales han estado en producción durante décadas, pero que todavía contaban con reservas suficientemente abundantes como para sostener niveles más modestos de producción durante el tiempo requerido para llevar a cabo la transición hacia una economía no rentista y no dependiente de la explotación de combustibles fósiles. Hoy no se producen en el país los fósiles livianos para las mezclas requeridas para la explotación de los depósitos pesados y extrapesados, ni suficiente combustible para responder a las demandas del mercado interno. En las actuales condiciones de estrangulamiento económico/financiero, éstos tienen que ser importados, casi todos de los Estados Unidos.

Más allá del cálculo económico, el problema fundamental con este mega proyecto es el extremo daño ambiental que genera esta escala de producción de un combustible fósil muy contaminante cuando, para la preservación de la vida en el planeta Tierra, es indispensable una drástica reducción en la emisión de gases de efecto invernadero a muy corto plazo. A pesar de que se trata de hechos ampliamente conocidos, el gobierno bolivariano, a nombre del anti-capitalismo y del socialismo del Siglo XXI, y a pesar de todos los documentos y declaraciones que ha formulado en defensa del planeta, por la vía de los hechos, se ha propuesto niveles de producción que no pueden sino contribuir a socavar las condiciones que hacen posible la vida.

La corrupción atraviesa la industria. Las sub-contrataciones con sobreprecio -y el cobro de comisiones- incluso en operaciones que podría realizar la propia empresa, se convirtieron en práctica generalizada. En los últimos meses del año 2017, con acusaciones de corrupción fueron detenidos unos 69 gerentes de la industria, incluidos el ex-presidente de PDVSA, el ex-ministro de Petróleo y Energía, y parte del equipo directivo de CITGO, la empresa filial que opera en los Estados Unidos.[21] Estas acusaciones –referidas a hechos cuya masiva escala era desde hace tiempo ampliamente conocida en el país- se destaparon como consecuencia de enfrentamientos crecientemente virulentos al interior del gobierno y del PSUV. No han estado acompañadas de denuncias similares en otras áreas de la economía donde han operado desfalcos a la nación como en la entrega corrupta de divisas altamente subsidiadas, en las importaciones de alimentos y las formas ilícitas mediante las cuales operó el masivo endeudamiento del país. A diferencia de otros países en el continente, y a pesar del peso preponderante en la construcción de infraestructura que tuvo la Odebrecht durante todos los años del proceso bolivariano, y del hecho de que una buena parte de estas obras quedó paralizada, no se ha abierto ninguna investigación sobre las actividades corruptas de dicha empresa y sus contrapartes gubernamentales.[22]

Sin ese el monumental multi defalco que ha ocurrido en estos años, con seguridad la situación económica del país hoy sería diferente.

El Arco Minero del Orinoco

Ante el deterioro sostenido de los ingresos petroleros, el gobierno venezolano, en lugar de buscar opciones alternativas a la lógica rentista primario exportadora que tanto daño le ha causado al país, opta claramente por una profundización de ésta, ahora mediante la minería en gran escala. Con este fin en febrero del año 2016 Maduro dictó el Decreto del Arco Minero del Orinoco mediante el cual se abren 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, una superficie equivalente a la totalidad de la superficie de Cuba, a la gran minería internacional. Se trata de una vasta zona rica en minerales, entre otros, oro, coltán, aluminio, diamantes, y minerales radiactivos. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al, para ese momento Ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que representaría unos 280.000 millones de dólares.[23]

El territorio que ha sido delimitado como Arco Minero del Orinoco tiene riquezas socioambientales e incluso económicas muy superiores al valor monetario potencial de las reservas mineras. Es parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas Warao, E´Ñepa, Hoti, Pumé, Mapoyo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye´kwana y Sanema, cuyas condiciones materiales de reproducción de sus vidas serían devastadas por esta explotación minera, no solo violando flagrantemente los derechos constitucionales de estos pueblos,[24] sino amenazándolos con el etnocidio. Se trata de una parte de la Amazonía que juega un papel crítico en la regulación de los regímenes climáticos del planeta y cuya preservación es vital para frenar el avance del cambio climático. Un territorio de una extraordinaria diversidad biológica que es la fuente principal de agua con la cual cuenta Venezuela y el territorio en el cual están ubicadas las represas hidroeléctricas que suministran más del 70% de la electricidad que se consume en el país. Profundizando la lógica extractivista, se le ha dado preferencia a la obtención de ingresos monetarios a corto plazo, aunque ello implique una devastación socio-ambiental de carácter irreversible. Todo ésto por decreto presidencial en ausencia total de debate público, en un país cuya constitución lo define como democrático, participativo y protagónico, multiétnico y pluricultural.

Este decreto constituye una abierta violación de derechos y responsabilidades ambientales taxativamente establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la legislación ambiental vigente y por acuerdos internacionales suscritos por el país como el Convenio de Diversidad Biológica. Se violan igualmente la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional (Convenio 169 de la OIT), en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos.

En el proyecto del Arco Minero está prevista la participación de "empresas privadas, estatales y mixtas". El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no-exigencia de determinados requisitos legales previstos en la legislación venezolana, la generación de "mecanismos de financiamiento preferenciales", y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para- arancelarias para sus importaciones. Contarían igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado:

Artículo 21. En el marco de la política económica sectorial, el Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o parciales del Impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, aplicables, exclusivamente, a las actividades conexas a la actividad minera, a los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Igualmente, las empresas mixtas constituidas para el desarrollo de actividades primarias, previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas, sobre los yacimientos ubicados en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco gozarán de estos beneficios mientras dure el desarrollo del proyecto.[25]

Las posibilidades de oponerse a los impactos negativos de la gran minería en la zona del Arco Minero están prohibidas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas puedan ser obstaculizadas por la resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:

Artículo 13. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con el Poder Popular organizado, y en coordinación con las autoridades del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia petrolera tendrá la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las Industrias Estratégicas ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco…

El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.[26]

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta "Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares". Se entiende por "intereses generales", la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un "interés particular", y por lo tanto sujeto a que los "organismos de seguridad del Estado" lleven a cabo "las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas" en el decreto.

Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como "particulares"? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como "particulares" los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos "gremiales", y por lo tanto "particulares" de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos? ¿Son los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con esto, intereses particulares?

Como se argumentará más abajo, a mediados del año 2018 todavía no llegaban las grandes inversiones de trasnacionales esperadas por el gobierno, fundamentalmente por la ausencia de seguridad jurídica para éstas. Si embargo, la minería ilegal de oro y coltán se expande aceleradamente con la participación de decenas de miles de mineros. Esta vasta extensión del territorio nacional se ha convertido en un territorio al margen del Estado, al margen de toda legalidad. Agrupaciones armadas, paramilitares, integrantes del ELN, disidentes de las FARC, bandas criminales denominadas "sindicatos", controlan diferentes sectores dentro de estos territorios y fijan los precios a los cuales obligan a los mineros a vender los minerales extraídos. Todo esto con la complicidad de integrantes de la fuerza armada venezolana. Esta actividad minera ilegal opera con elevados niveles de violencia, son frecuentes las muertes de mineros por disputas territoriales, y con severos impactos socioambientales. Para la minería del oro se utiliza en forma masiva el mercurio que ya se encuentra en grandes concentraciones en madres y niños de la zona. Niñas indígenas son raptadas en sus comunidades para someterlas a la prostitución en los campamentos mineros.

Las tendencias autoritarias del gobierno de Maduro

En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015 la oposición organizada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones por una amplia mayoría, obteniendo 56,26% de los votos contra 40,67% de los partidarios del gobierno.[27] Como resultado de una ley electoral anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría cuando ésa era la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea. La previa identificación de la mayoría de los sectores populares con el chavismo se había resquebrajado, la oposición ganó en muchos centros electorales ubicados en sectores populares que hasta ese momento habían votado contundentemente por el gobierno. Con esta mayoría calificada, la oposición podía nombrar a los y las integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y aprobar leyes orgánicas sin necesidad de negociar con los representantes del gobierno. De una situación de control de todas las instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano, 20 de un total de 23 gobernaciones y una gran mayoría de los municipios del país), se pasa a una nueva situación de dualidad de poderes y a una potencial crisis constitucional.

El gobierno de Maduro se encuentra así ante un serio dilema. Si reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias y la nueva correlación de fuerzas en que ya no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población, pasaría a una situación en que tendría que necesariamente negociar con las fuerzas de la oposición. Si se mantuviese fiel a la constitución y respetase los resultados electorales no podía garantizar su permanencia en el gobierno. Opta claramente por preservar el control del Estado a como dé lugar, aunque ello significase desconocer la Constitución y la voluntad de la mayoría de los electores.

Paso a paso el gobierno va tomando medidas para permanecer en el control del Estado, decisiones que van definiendo una consistente deriva autoritaria. El primer paso en esa dirección se dio a los pocos días de que el gobierno del Presidente Maduro perdiese las elecciones parlamentarias. En clara violación a las normas constitucionales y a los procedimientos establecidos, a finales de diciembre de 2015, cuando le quedaban pocos días de vigencia a la mayoría oficialista en la AN, se produce el nombramiento de nuevos magistrados a las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia. No solo eran estos nuevos magistrados sin excepción incondicionales del gobierno, sino que varios de ellos y ellas ni siquiera cumplían con los requisitos formales que la Ley establece para ocupar dichos cargos.

El papel que jugaría este TSJ en las nuevas condiciones del país quedó al desnudo cuando, para impedir que la oposición pudiera hacer uso de su mayoría calificada en la AN, los nuevos magistrados se estrenaron decidiendo, en atención a una acusación sin pruebas de que se había cometido un delito electoral que formuló un sector del oficialismo, desconocer los resultados de las elecciones en el Estado Amazonas y a los diputados electos que ya habían sido proclamados por el CNE. De esta forma, la oposición dejó de tener una mayoría calificada.

En vista de que pasaron meses sin que el asunto se resolviese, sin que se llevaran a cabo investigaciones para establecer la veracidad de las denuncias por las cuales el TSJ invalidó las elecciones, ni se realizaran nuevas elecciones para un estado que se había quedado sin representación parlamentaria, la AN decide incorporar a los parlamentarios cuestionados. El TSJ responde declarando a la AN en desacato. A partir de este momento sus decisiones serían desconocidas por el resto de los poderes públicos. Se da así un segundo momento crítico de ruptura del orden constitucional, produciéndose la concentración de poderes que ha permitido al gobierno dar cada uno de los pasos subsiguientes en una dirección autoritaria. A partir de la declaración de desacato, las atribuciones de la Asamblea Nacional son asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Ejecutivo. Un paso más en la dirección de la concentración autoritaria del poder se da cuando en febrero del 2016, Maduro declara un estado de emergencia económica mediante el cual se auto otorga poderes extraordinarios para gobernar por decreto, desconociendo la obligación constitucional de contar con el respaldo de la Asamblea Nacional y extendiendo a partir de ese momento esos poderes extraordinarios mucho más allá de límites temporales taxativamente establecidos por la constitución.

En estas nuevas condiciones, en Venezuela, independientemente de los plazos y normas establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente, se han realizado elecciones solo en las fechas que el gobierno ha considerado conveniente, con normas y modalidades de participación decididas por el gobierno, y solo con la participación de los partidos y los candidatos que el gobierno decide aceptar. El primer paso en esta dirección fue impedir arbitrariamente la realización del referéndum presidencial revocatorio en el año 2016, a pesar de que se habían cumplido, superando sistemáticos obstáculos impuestos por el CNE, los requisitos establecidos en la Constitución. El referéndum revocatorio había sido reivindicado por el gobierno de Chávez como una de las conquistas democráticas participativas más importantes de este proceso. Igualmente, se postergaron inconstitucionalmente las elecciones de gobernadores de diciembre del mismo año.

En mayo del año 2017, asumiendo para si atribuciones que de acuerdo a la Constitución corresponden al soberano, esto es al conjunto de la población, Maduro convoca elecciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Para ello se diseña una novedosa y compleja ingeniería electoral destinada a garantizar el triunfo del gobierno. En este diseño electoral se combinan votos territoriales con una extraordinaria sobre representación de las zonas de menor población, con votos sectoriales (trabajadores, estudiantes, jubilados, etc.), en que arbitrariamente dejan afuera a aproximadamente cinco millones de ciudadanos que no entran en ninguno de estos sectores.

Entre los meses de junio y julio del 2017 se dieron masivas movilizaciones de rechazo a esta convocatoria en todo el país, sobre todo en Caracas. Estas fueron convocadas por los partidos de la oposición, pero se convirtieron en una muy ampliamente extendida expresión de rechazo al gobierno que superó en mucho a los sectores sociales identificados con dicha oposición. Producto tanto de una agresiva política represiva por parte del gobierno, como de la acción violenta de grupos de extrema derecha, se produjo un saldo de más de 130 muertos. A pesar de los elevados niveles de rechazo a esta convocatoria, el gobierno siguió adelante con su proyecto de Asamblea Constituyente. La oposición quedó profundamente fragmentada, desmoralizada y perdió legitimidad ante sus seguidores.

Dado el carácter anti-constitucional de la convocatoria y el tramposo sistema electoral creado para estas elecciones, ningún sector de la oposición, de derecha o de izquierda, participó en éstas. Se eligió así una Asamblea Nacional Constituyente monocolor en que sus 545 integrantes estaban identificados con el gobierno. Esta asamblea, una vez instalada, se auto proclamó como supra constitucional y plenipotenciaria, esto es, un poder absoluto, sin contrapeso, con lo cual, de hecho, quedó derogada la Constitución del año 1999 ya que la constitucionalidad de ningún acto de esta nueva asamblea podría ser cuestionado. La mayoría de sus decisiones iniciales fueron adoptadas por aclamación o por unanimidad. Sin debate. En lugar de abordar la tarea para la cual supuestamente fue elegida, la redacción de un nuevo proyecto de constitución, comienza a tomar decisiones referidas a todos los ámbitos de los poderes públicos, destituye funcionarios, convoca elecciones en condiciones destinadas a impedir o hacer muy difícil la participación de quienes no apoyan al gobierno, aprueba unas denominadas "leyes constitucionales" que carecen de un correspondiente marco constitucional. Se aprueba una represiva Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia que contempla penas hasta de 20 años de cárcel para quienes, a juicio de las autoridades, emitan Amensajes de odio@ por los medios o por las redes sociales. Aprueba una nueva ley de promoción de inversiones extranjeras con el fin de ofrecer las condiciones y la seguridad jurídica reclamada por las corporaciones transnacionales para la explotación del Arco Minero del Orinoco, expresión del sueño del gobierno de reemplazar el extractivismo petrolero por el extractivismo minero. Incluso aprueba en forma acelerada, a solicitud del Presidente Maduro, una ley de carácter retroactivo mediante la cual se le quita personalidad jurídica a los partidos que no habían participado en las elecciones de alcaldes de diciembre del 2017. Se impide la elección de candidatos de izquierda diferentes a los decididos por la cúpula del PSUV, como fue el caso de un candidato de amplio apoyo popular, militante del PSUV y respaldado por los partidos aliados del PSUV, que, habiendo cumplido con todos los requisitos para postularse, ganó las elecciones en el Municipio Simón Planas del Estado Lara por una muy amplia mayoría.[28] El Consejo Nacional Electoral, bajo instrucciones de la ANC, se negó a reconocer dichos resultados y nombró como alcalde al candidato designado por la cúpula del PSUV. Un fraude similar ya se había dado poco antes en las elecciones de gobernador en el Estado Bolívar. De acuerdo a las actas electorales, ganó estas elecciones Andrés Velázquez, candidato de la oposición.

La manipulación del sistema electoral para garantizar el control por parte del gobierno se repitió en las elecciones presidenciales realizadas en mayo del año 2018. Estas elecciones estaban previstas, de acuerdo a la Constitución, para el mes de diciembre del mismo año y fueron convocadas sorpresivamente para el mes de mayo. Dadas las divisiones y su carencia de rumbo político claro y el hecho de que la mayoría de los partidos de oposición habían sido inhabilitados, así como la falta de tiempo para negociaciones o la realización de elecciones primarias para seleccionar un candidato unitario, la mayor parte de la oposición del más amplio espectro político no participó estas elecciones.

Se ejerció desde el exterior, particularmente por parte del gobierno de los Estados Unidos, Luis Almagro, Secretario General de la OEA y del Grupo de Lima, una muy fuerte presión sobre los partidos de la oposición para que se abstuvieran en dichas elecciones con el fin de contribuir de esa manera a deslegitimar aún más al gobierno y acelerar su derrocamiento. No presentaron a la población ninguna previsión de qué pasaría una vez que Maduro ganase las elecciones. Para algunos de estos sectores abstencionistas, de lo que se trataba era de terminar de cerrar en forma definitiva la posibilidad de una salida política interna, electoral, pacífica a la crisis del país. Con esto, la única opción que quedaría abierta sería la intervención externa, ya sea por la vía de acciones directas, o mediante la acentuación del cerco económico, para profundizar el colapso de la economía venezolana, a pesar de que sería la población, no sus gobernantes, quienes sufrirían las consecuencias. Para la política imperial y para los grupos de la derecha interna más radical el objetivo no era, y no lo es, simplemente una derrota electoral de Maduro, si con ella se pudiese preservar con vida el todavía significativo apoyo al gobierno entre parte de los sectores populares. Lo que se ha buscado no es solo la salida de Maduro, sino igualmente un aplastamiento de los imaginarios de cambio anticapitalistas, que tantas expectativas generaron tanto dentro como fuera de Venezuela en años anteriores. Una derrota, con muchos muertos de ser necesario, de manera que sirviera de ejemplo, de escarmiento, para demostrar en la forma más contundente posible la imposibilidad de cualquier alternativa al orden capitalista.

Se presentó un solo candidato opositor creíble, Henry Falcón, del partido Avanzada Progresista, pero no logró superar el fraccionamiento opositor ni la creciente desconfianza de la población ante una institución electoral cada vez más descaradamente parcializada. Con una abstención histórica de 54%, cuando los niveles de participación tradicionales en elecciones presidenciales superan al 70%, Maduro fue reelecto, según el CNE con 67,7% de los votos válidos. El elevado nivel de abstención le restó legitimidad a estos resultados ante la mayoría de la población.

Crisis humanitaria y corrosión del tejido solidario y ético de la sociedad

Todo lo anterior se traduce en una profunda crisis social y ética de la sociedad venezolana. Se ha venido produciendo en estos años una franca reversión de los principales logros de los primeros años del proceso bolivariano. La mayor parte de la población tiene en el año 2018 peores condiciones de vida que las que tenía en el año 1998 cuando Chávez ganó por primera vez las elecciones presidenciales. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, la falta de dinero en efectivo y la inseguridad hacen que la vida cotidiana sea cada vez más difícil para la mayoría de la población. En contra de lo que podría esperarse, después de años de movilizaciones y procesos organizativos basados en la solidaridad, en la población tienden a predominar las reacciones individualistas y competitivas. El bachaqueo, esto es, la reventa especulativa de productos subsidiados y el contrabando de extracción se han convertido en una actividad ampliamente generalizada, parte de una economía paralela de dimensiones desconocidas. El contrabando de extracción en la frontera con Colombia opera en múltiples escalas, desde el uso de pequeños contenedores portátiles hasta grandes camiones cisterna con la complicidad o la participación directa de funcionarios de PDVSA e integrantes de las fuerzas armadas de ambos lados de la frontera.

En ausencia de información oficial medianamente actualizada, la caracterización del estado actual del país en términos sociales y humanitarios tiene que basarse necesariamente en las investigaciones realizadas por universidades, centros de estudio y ONGs.[29]

Dados los niveles de hiperinflación, en el año 2015 el 87% de la población venezolana, medido por nivel de ingreso, es pobre, un incremento del 19% respecto al año 2015. En base al método multidimensional que toma en cuenta ingreso, vivienda y su dotación, servicios, trabajo y protección social, la población caracterizada como pobre paso de 41,3% en el año 2015 a 51,1% en el año 2017.[30]

Quizás el impacto más directo que ha tenido el deterioro de la economía ha sido en los niveles de alimentación de la población. De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), en el mes de junio del 2018, con un salario mínimo apenas se puede adquirir un 1,8% de la canasta alimentaria del grupo familiar. [31]

De acuerdo a la encuesta de ENCOVI, 89,4% de la muestra afirma que no le alcanza el dinero para comprar la comida. 87,6% afirma que "en los últimos tres meses ha comido menos porque no encentra alimentos para comprar" y 61,2% afirma que en los últimos tres meses ha vivido la experiencia de acostarse con hambre. Concluyen los investigadores de ENCOVI que 80% de los hogares venezolanos tienen en la actualidad inseguridad alimentaria.

El gobierno ha respondido a esta situación focalizando lo fundamental de su política social en la entrega de bonos en efectivo a la población y un masivo programa de distribución de alimentos altamente subsidiados, mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). De acuerdo a las encuestas de ENCOVI, tienen acceso a este programa alimentario 85,7% de los hogares del país. Hay grandes diferencias en periodicidad de la recepción de las bolsas CLAP, entre una vez por mes por parte de 64% de los hogares que reciben este beneficio en el caso de Caracas, y el resto del país en que más de la mitad lo recibe sin periodicidad definida.[32] Se trata fundamentalmente de carbohidratos.

Aunque sin estos dos programas la situación alimentaria sería mucho más grave, éstos no han logrado superar la grave escasez de alimentos que padece la población. De acuerdo a la Encuesta al seguimiento del consumo de alimentos del Instituto Nacional de Estadísticas, entre el primer semestre del año 2013 y el segundo semestre del 2017, se ha producido una reducción muy marcada en el "consumo aparente diario per cápita" de alimentos en la población venezolana.

Variaciones en el consumo aparente diario per cápita de alimentos entre el primer semestre del 2013 y el segundo semestre del 2017[33]

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De acuerdo a esto, no solo se ha dado una reducción generalizada en el consumo de alimentos, sino igualmente un cambio en la dieta de la población, con reducciones drásticas en el consumo de proteínas. El consumo de carne y huevos y el de leche y sus derivados tuvo una reducción de más de 60%. El único renglón para el cual se produce un incremento del consumo (muy leve, 5,1%) fue raíces y tubérculos. Esto se ha traducido en una pérdida generalizada de peso entre todos los estratos de la población, una pérdida promedio que se estima en 8 kilos por persona solo durante el año 2016.[34]

La desnutrición tiene una incidencia particularmente severa en la infancia. Durante los últimos años Cáritas Venezuela ha venido haciendo un seguimiento de la situación nutritiva de menores de cinco años en 38 de las parroquias más pobres en siete estados del país. De acuerdo al último informe, correspondiente a enero-marzo del 2018[35], 17% de los niños estudiados tienen desnutrición moderada o severa, 27% tienen desnutrición leve, y 34% están en riesgo de desnutrición, ya han comenzado a deteriorarse. Solo 22% no tienen déficit nutricional. Estas cifras presentan un importante incremento comparada con las cifras del último semestre del año anterior. El grupo de menores de 6 meses es el más afectado: 35% presenta niveles agudos, moderados o severos de desnutrición. En esas mismas parroquias, 38% de las mujeres embarazadas tenían desnutrición severa y 24% una desnutrición moderada. Dado el impacto de la desnutrición en el desarrollo psicomotor y cognitivo de los infantes, se trata, sin lugar a dudas, del impacto de mediano y largo plazo de consecuencias más severas de la actual crisis venezolana.

El sistema de salud nacional en su conjunto está colapsado. La escasez de medicamentos es severa. Es muy limitado el acceso a los medicamentos y tratamientos para enfermedades crónicas como la hipertensión y diabetes. Los centros de salud carecen de los recursos para el mantenimiento de sus equipos e instrumentos. Mueren pacientes renales por que las salas de diálisis no los pueden recibir. Mueren pacientes con trasplantes de órganos porque carecen de los tratamientos para evitar el rechazo. Son frecuentes las fallas de electricidad y agua. Muchos servicios hospitalarios han dejado de funcionar u operan en mínimas condiciones porque los médicos han renunciado.

Reaparecen enfermedades que ya habían sido controladas. La malaria (paludismo), una enfermedad que había sido reducida a un solo municipio en el país, hoy se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional. La gran mayoría de los casos de malaria reportados en el continente americano en el año 2017 fueron en Venezuela. Entre las semanas epidemiológicas 1 y 42, se reportaron 319.765 casos de malaria, lo que representó un aumento con respecto al número de casos acumulados notificados durante todo el año 2016, 240.613 casos.[36] Más de la mitad de los casos de sarampión reportados en todo el continente americano en los primeros tres meses del año 2018 corresponden a Venezuela.[37]

Los pueblos indígenas son los más severamente afectados por esta crisis del sistema de salud, el pueblo yanomami en la frontera con Brasil presenta una seria epidemia de sarampión.[38] El pueblo Warao, en el Delta del Orinoco, tiene una extendida epidemia de VIH-SIDA.[39] El pueblo Yukpa, en la Sierra de Perijá está padeciendo de una enfermedad desconocida de carácter letal. La sobrevivencia misma de estos pueblos está en riesgo si no se logra detener estas epidemias.

El deterioro en la cobertura del sistema educativo ha sido alarmante en todos los niveles. Entre los años 2015 y 2017 la población entre los 3 y los 24 años escolarizada descendió de 78% a 71%. Los sectores más pobres de la población asisten a la escuela con irregularidad como resultado principalmente de la falta de comida en el hogar y fallas en el servicio de agua. [40] Como resultado de fallas en el transporte, tanto maestros y profesores como estudiantes dejan de asistir a las escuelas. Maestras y maestros reportan casos de estudiantes que se desmayan en el aula por falta de una alimentación adecuada. Las universidades, sobre todo las públicas, están sufriendo un profundo proceso de deterioro. Prácticamente todo el presupuesto se dedica a salarios casi simbólicos, sin posibilidad alguna de cubrir los gastos correspondientes a equipos y materiales de investigación o publicaciones y mantenimiento. Todas las universidades reportan renuncias de profesores y una masiva deserción estudiantil tanto por no poder costearse los estudios, por la necesidad de contribuir al sustento familiar, como por la sensación de inutilidad de dichos estudios en un contexto en que los salarios de los profesionales no alcanzan ni para alimentarse. Muchos optan por irse del país.[41] Múltiples concursos para nuevos cargos de profesores en las universidades se declaran desiertos porque en estas condiciones la carrera académica dejó de ser vista como una opción de vida.

De consecuencias igualmente severas para la población es la inseguridad, producto tanto del hampa como de la represión policial/militar. La tasa de homicidios se ha incrementado en forma sostenida en el país desde el año 1995. De acuerdo a diversas fuentes, Caracas es hoy la segunda ciudad más violenta del mundo.[42] Las fuerzas de seguridad del Estado, lejos de garantizar la protección de la ciudadanía son parte del problema.[43] El ejemplo más violento ha sido el de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), creadas a mediados del año 2015 con el argumento de ofrecer seguridad ciudadana y controlar el hampa. Han operado como aparatos represivos que en forma sistemática han aplicado la pena de muerte en operativos policiales en los barrios populares.[44]

Como consecuencia combinada de la ineficiencia, la falta de inversión y mantenimiento y la corrupción, todos los servicios públi

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