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Impunidad en la Guerra Sucia, madre de las desapariciones de hoy

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Impunidad en la Guerra Sucia, madre de las desapariciones de hoy

por Adazahira Chávez

La desaparición forzada en México alcanza proporciones de crisis humanitaria, mientras el gobierno se esfuerza en bajar las tasas del delito calificándolo de otra manera.

En el fondo del delito de desaparición forzada está la discriminación a grupos no favorecidos por el Estado, define Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), y la base que permite su continuidad, desde finales de los sesentas hasta nuestros días, es la impunidad.

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“El gobierno es responsable por acción y por omisión; hay un desbalance total entre el número de casos y la ausencia de sentencias por este delito de lesa humanidad”, abunda el defensor.

Durante la Guerra Sucia el Estado empleó la desaparición forzada como una forma de represión contra los grupos guerrilleros; durante la Guerra contra la Delincuencia, iniciada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), sirvió para “incrementar el temor de la población a las fuerzas de seguridad”, valora el integrante del Prodh. En ambos casos, no existe voluntad de investigar, pues para el gobierno las víctimas son “insignificantes” y “marginados”, ya sea por ideología, edad u origen social, detalla.

El gobierno federal, a pesar de reconocer más de 20 mil desapariciones de personas entre 2006 y 2014, informará a la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) que cumple con las convenciones internacionales “en un momento en el que se registran avances sustantivos en la promoción, respeto y protección a los derechos humanos en el país, gracias a un proceso de trasformación estructural y de modernización del orden constitucional y legal para el fortalecimiento y consolidación de una política de Estado en esta materia”.

México rendirá su informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas en 2015, “y siempre dice que cumple con todos los elementos y convenciones internacionales”, explica el abogado Díaz Fernández, integrante del equipo de defensa integral del Prodh.

La presentación del Informe Sombra (dado a conocer el 11 de junio de 2014) en el que las organizaciones sociales, las víctimas del delito y sus familiares pueden aportar información de primera mano a la ONU, sirve como contra argumento para los alegatos del Estado.

México es uno de los países donde el delito de desaparición forzada no solamente se comete en mayor cantidad, sino con mayor impunidad, acepta Díaz Fernández, que advierte que las cifras son poco confiables.

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En febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dio a conocer una lista en poder de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que se contaban 26 mil 121 reportes de desaparición. “El Gobierno mexicano ofreció verificar esta lista, y en mayo de 2014, el Secretario de Gobernación compareció ante el Senado y manifestó que la cifra inicial había sido reducida hasta quedar en 8 mil personas desaparecidas.

“Por su parte, el Procurador General de la República, reconoció en un encuentro con familias de desaparecidos, el 21 de mayo, que la cifra restante era de 13 mil 195, pues la mayoría eran casos de ausencias o extravíos, sin aportar la metodología estadística y generando una contradicción de cifras entre instancias gubernamentales”, acusa el informe.

Las organizaciones defensores resaltan que el gobierno reconoce oficialmente la existencia de 7 mil 615 personas desaparecidas en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto. “Es decir, que el gobierno reconoce la existencia de 20 mil 810 personas desaparecidas entre 2006 y 2014. Cabe señalar que esta cifra no incluye a las personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, que ascienden a mil 200 personas, lo cual constituye una forma de invisibilización de las víctimas del Terrorismo de Estado”.

De acuerdo con el informe que elaboraron las organizaciones defensoras de derechos humanos, – como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi –, “el Secretario de Gobernación no explicó la metodología usada para reducir en más de dos tercios el número inicial, ni dio mayor información desagregada, que nos permitiera tener una idea de los perfiles de las víctimas, de la regionalización de los casos, o de las acciones implementadas para el abordaje de la grave problemática”.

La tipificación hecha por el gobierno, señala Díaz Fernández, solamente sirve para mencionarlo, no para hacer investigaciones pertinentes o tratar de rescatar a las víctimas. El informe advierte que las leyes permiten que delitos que configuran como desaparición forzada sean tratados como secuestro, y ejemplifica con casos cometidos por policías en funciones.

Las organizaciones clasifican a la desaparición forzada en tres categorías: Casos cometidos únicamente por agentes del Estado mexicano; casos cometidos por estos agentes pero en coparticipación/vinculación con miembros de la delincuencia organizada; y casos de desaparición forzada cometidos por miembros de la delincuencia organizada, con la autorización, apoyo y aquiescencia del Estado mexicano.

Para una adecuada investigación, “falta voluntad, recabar pruebas y hacer investigación científica, interrogar a servidores públicos e identificar restos”, enumera el abogado, y denuncia que las investigaciones se suelen centrar en la víctima en vez de dar con los responsables de su paradero.

El puente entre ayer y hoy

El abogado del Prodh resalta que la documentada impunidad en las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia (de 1969 a inicios de los años ochenta) permite que hoy, el crimen de lesa humanidad sea tan grave “y con el aval del Estado”.

Tanto AFADEM como el Comité Eureka señalan que los casos en el periodo indicado pudieron ser hasta 2 mil; la CNDH y la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) analizaron 532 casos, y la Comisión reconoció a 275 como desaparición forzada. Sin embargo, el Prodh logró saber que no hay ni una sola consignación hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) por este delito.

“Es un crimen de lesa humanidad iniciado por el gobierno mexicano, independientemente de que hoy lo cometa la delincuencia”, define el abogado Fernández Díaz, quien advierte que la línea entre ésta y el Estado es “muy delgada”.

“La sociedad tiene que abrir los ojos y reconocer la crisis humanitaria en la que nos encontramos; también tiene que aprender que por haber tenido la impunidad de antes –y sin contar con legislación adecuada, mecanismos para erradicarla y sanciones- hoy tenemos las cifras tan alarmantes; y reconocer la importancia de denunciar y organizarse en torno al tema”, finaliza el defensor de derechos humanos.

tomado de www.lahaine.org

 

 

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